“El principio de subsidiariedad es una categoría antigua que no se corresponde con el país moderno que tenemos” fueron las palabras de Enrique Correa, actual colaborador del comando de la candidata Michelle Bachelet, ex –ministro y fundador de Imaginacción Consultores, en un programa de radio el pasado Miércoles 7 de agosto.
La entrevistadora le preguntó sorprendida “por qué otro principio lo cambiaría”. La respuesta fue “por el sentido común socialdemócrata que se ha ido creando en el país”.
Partamos primero recordando qué es el principio de subsidiariedad. Vulgarmente se dice que el estado sólo debe intervenir en aquellas materias que las instancias inferiores no puedan resolver por sí solas. Por ejemplo: si hay un conflicto en un lugar, lo lógico es que lo resuelvan las autoridades locales. Sólo si el problema se desborda deben intervenir instancias superiores o más alejadas. O si algo lo pueden resolver los particulares por sí solos, el estado no debe intervenir.
Otra acepción es que cada materia debe ser resuelta por su instancia más cercana. Los problemas de la familia pertenecen a los padres. Los problemas del barrio, a la junta de vecinos. Los de la comuna, a la municipalidad. Los de un colegio, a sus apoderados y autoridades. Los de una empresa, a sus dueños y sus empleados. Y así sucesivamente.
Los países de la Unión Europea se rigen también por este principio, según el Tratado de Maastricht de 1992.
Dicho así parece muy razonable. De hecho no se entiende por qué don Enrique podría estar en contra.
Pienso que la causa es una discrepancia profunda e histórica que ha definido las posturas políticas. Por un lado el principio de subsidiariedad defiende la iniciativa personal. Que cada uno defina y sea protagonista de su propio destino. Que el estado se meta lo justo y lo necesario, pero no más.
Por otro lado en cambio se valora más lo colectivo. Lo que se decide por un voto más, aunque sea injusto y abusivo contra la minoría. El individuo se debe someter a la mayoría, incluso en temas personales. Cuántas veces hemos oído en el último tiempo que las cosas deben cambiar “por las buenas o por las malas”, que basta un voto más para imponer cualquier cosa a la minoría. Por eso Enrique Correa habla de un “sentido común socialdemócrata”. Le pone un apellido políticamente comprometido.
Es cierto que hemos creado toda la institucionalidad democrática efectivamente para que las mayorías definan y gobiernen. Por supuesto. Pero con respeto a las minorías. Con respeto a los derechos de las personas. Por eso existen las garantías constitucionales (derechos humanos). Por eso está el estado de derecho. Por eso se habla de democracia representativa. De libertad. ¿Vamos a cambiar todo eso también por el “sentido común socialdemócrata”, por la tiranía de lo colectivo que muchas veces pasa a llevar los justos anhelos y derechos de cada persona…?
Es correcto mejorar la educación. Pero ¿sería adecuado hacerlo desde un solo lugar centralizado sin considerar la opinión de los que están más cerca de cada realidad?, ¿la propia comunidad de cada colegio?, ¿cada comuna, provincia o región? ¿O si algunos padres prefieren tener escuelas propias, por qué no?
¿O en el caso de la iniciativa particular o de los emprendimientos personales? ¿Permitiremos que cada una y cada uno pueda hacerlo? ¿Que puedan fundar sus propias empresas, instituciones, sociedades y grupos? ¿O los ahogaremos con condiciones y exigencias de modo que solo puedan subsistir unos pocos grandes sometidos a la autoridad central? ¿O de frentón los prohibiremos?
El principio de subsidiariedad no es una categoría antigua. Sigue tan vigente como siempre. Es cierto que protege a las personas y a las organizaciones intermedias de las intromisiones excesivas del estado. Pero no es puro individualismo. También significa que el estado debe intervenir cuando esas instancias menores o las personas no son capaces de resolver sus problemas por sí solos. Por eso expresa el justo equilibrio entre los derechos de la persona y de la comunidad. En esta armonía se basa el bien común.
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